Una vez construido el parque, serán las propias operadoras quienes se encargarán del desmontaje de las antenas de los tejados y terrazas particulares, así como el acoplamiento en la Academia.

En el barrio de Santa Bárbara han recibido con satisfacción la noticia, ya que este área de la ciudad cuenta con cuatro antenas repetidoras o ‘enlaces celulares’ que, como su nombre indica, actúan como células dando cobertura y facilitando la comunicación a los teléfonos móviles.

La portavoz de la Plataforma por la Salud de Santa Bárbara, Ana Margarita Maroto, nos cuenta que el problema comenzó hace diez años cuando comenzaron a multiplicarse las antenas en las azoteas de los edificios, así como en los tejados y las terrazas de los vecinos incumpliendo la normativa regional que recoge dos principios básicos, atendiendo a los acuerdos del Congreso de Salzburgo: la densidad de la potencia no superará 0,1 microwatios por centímetro cuadrado, y la distancia no debe ser inferior a los 200 metros de zonas consideradas sensibles, como guarderías, centros de salud, geriátricos o colegios. “La mayoría de ellas carecen de las licencias preceptivas que marca la ley. Algunas tienen permiso de instalación pero no la autorización que debe expedir la Consejería de Industria para su actividad”, asegura Maroto.

La gran inquietud que provoca la telefonía móvil, ya que no están claros aún los daños que pueden suponer para la salud, suscitó la movilización de estos ciudadanos que reciben ahora con optimismo este acuerdo. Aseguran que durante este tiempo han sufrido los efectos nocivos de las radiaciones. La exposición prolongada les han producido, según nos cuentan, serios trastornos de pérdida de memoria, insomnio e incluso fuertes dolores de cabeza. El problema se agrava con los vecinos que disponen de marcapasos o los aparatos de diálisis en su domicilio ya que se producen interferencias que puede perjudicar su funcionamiento. “Muchos residentes tienen grandes malestares, hemos acudido a las autoridades sanitarias que en muchas ocasiones no ratifican los efectos que pueden provocar las antenas pero te aconsejan que te alejes de donde están ubicadas”.

Una medida parecida a la acometida en Toledo se llevó a cabo en Illescas, donde el Ayuntamiento puso en marcha en una zona aledaña del núcleo urbano un plataforma de telefonía móvil. Una decisión motivada por intensas protestas vecinales ya que una de las antenas estaba instalada tan solo a 40 metros de un colegio público del municipio sagreño.


La salud de la población: una prioridad
Un examen de los trabajos publicados en revistas científicas reveló que en el 70% de las investigaciones sobre los efectos de las radiaciones de las antenas se constatan efectos nocivos para la salud por lo que no se puede esperar más para exigir a las autoridades que tomen medidas para proteger a la población. En una cuestión tan vital como la salud de la población se debe dar prioridad al principio de precaución, a no ser que sean las propias operadoras de telefonía las que demuestren sin sombra de duda que su tecnología es inocua. Actualmente, la mejor prueba de que no pueden hacerlo es que no hay ninguna aseguradora que quiera extenderles una póliza de seguros contra daños de ningún tipo a la salud de las personas.

Para atenuar el impacto de la exposición constante a las radiaciones, hay que colocar las antenas a mayor distancia de los núcleos de población y reducir drásticamente los niveles de emisión legalmente permitidos.