Editoriales
CASTILLA-LA MANCHA
Última actualización 04/11/2009@16:06:29 GMT+1
Un total de 147.817 personas están en paro en Castilla-La Mancha: 31.642 corresponden a Albacete, 39.877 a Ciudad Real, 12.277 a Cuenca, 13.553 a Guadalajara y 50.469 a Toledo. Precisamente estas dos últimas provincias se encuentran entre las más castigadas de España por la subida del desempleo, en parte por su proximidad a Madrid.
Estas frías cifras representan el lado más amargo de la crisis y detrás de ellas hay personas en situaciones más o menos difíciles a las que se les presenta un futuro incierto. Y lo peor, según todos los indicios, está aún por llegar. La CECAM ha mostrado su preocupación por que en los próximos meses se agudizarán los resultados negativos. Desde CC OO se habla incluso de alcanzar los cuatro millones de parados en España a lo largo de 2009. El Gobierno de Zapatero, más optimista, habla de que no se alcanzará esa cifra y confía en una recuperación en el segundo semestre del año.
Ante este panorama, la lucha contra el desempleo ha de convertirse en el eje central de la política de todas las administraciones -cada una en la medida de sus competencias y posibilidades- encaminadas, por un lado, a posibilitar el retorno al mercado laboral de aquellos que han perdido su puesto de trabajo y, por otro, a que aquellos que lo tienen no lo pierdan.
En el primer apartado se incluyen importantes medidas como la puesta en marcha del Fondo de Inversión Local, los más de 51 millones de euros que el Ejecutivo regional aprobó para “generar oportunidades de empleo y formación” en colaboración con los ayuntamientos y que beneficiará a 20.000 desempleados o los recientes 23,5 millones para 900 acciones formativas para 14.000 parados. En el segundo, se han dado algunos pasos –líneas de crédito del ICO, por ejemplo-, pero es necesario seguir incidiendo para lograr el circulante necesario que posibilite que las empresas viables puedan gestionar su día a día, reducir el alto nivel de apalancamiento y propiciar el ahorro de los hogares para fomentar el crecimiento del maltrecho consumo privado.