Que la judicatura española se encuentra en un momento delicado por su situación endémica es una obviedad, que ya sufrimos con las movilizaciones de funcionarios. Ahora, esta circunstancia se ve agravada por el aumento de trabajo como consecuencia de la actual coyuntura económica. A las consabidas demandas de recursos técnicos y humanos, se sumar la falta de infraestructuras: Toledo lleva más de una década con la necesidad imperiosa de contar con nuevos espacios dedicados a la Justicia, aunque en 2008 se aprobaron tres nuevos. El propio juez decano de la capital, Juan Ramón Brigidiano, asegura que faltan diez centros para optimizar la justicia en la provincia.

La provincia de Toledo cuenta en la actualidad con cinco juzgados de Primera Instancia -tres de ellos deben soportar además los departamentos de Mercantil, Violencia de Género y Registro Civil-. Unos juzgados que han visto cómo se incrementaba su actividad desde 2007 un 500% con el consiguiente aumento del tiempo de demora media por cada caso. Los datos así lo avalan: de 2007 a 2008, en lo Mercantil los procedimientos y concursos pasaron de 11 a 65, los incidentes de 20 a 119 y los asuntos ordinarios de 85 a 113. Situación similar se produce en Primera Instancia, donde los asuntos ordinarios han pasado de 126 a 165, lo contencioso-administrativos de 650 a 970 y las medidas cautelares se incrementaron de 90 a 290. Con todo ello, la media de demora en Toledo se encuentre entre los dos años y medio y los seis años para una sentencia.

Sin más dilación, el Estado y las comunidades competentes deben analizar la situación real de la Justicia y trabajar en pos de equiparar la inversión con las necesidades reales. No debemos olvidar que buena parte del adecuado desarrollo de una sociedad democrática se base en la confianza y respeto de sus ciudadanos en la Justicia.