En todo caso, lo que le extraña es que no haya saltado antes. Otros observadores menos imparciales han llegado a la misma conclusión, pero se les ha activado ese famoso mecanismo de defensa que consiste en negar la realidad de forma más o menos agresiva. Hace varios años (FILESA, Ministerio de Interior) fue el PSOE el epicentro de un caso de estas características; ahora le ha tocado el PP. Desde hace algunos años existen varios indicios de que algo así podría ocurrir en cualquier momento. En Valencia, las sospechas de graves irregularidades en la construcción de Terra Mítica o las denuncias por corrupción urbanística que pesan sobre el cacique castellonense Carlos Fabra; en Madrid, el descarado amiguismo de Esperanza Aguirre en la adjudicación de contratos como la construcción del nuevo hospital Puerta de Hierro o la privatización del Canal de Isabel II. El asunto se complica porque las ramificaciones del “Caso Correa” pueden llegar hasta el ministerio de Fomento en la época de Álvarez Cascos; además, uno de los imputados por el juez es Jacobo Gordon, íntimo amigo del yernísimo de Aznar, Alejandro Agag. La investigación, en consecuencia, abarca también buena parte del mandato del anterior presidente del Gobierno. Desde el punto de vista estrictamente penal, el hecho de que el juez se apellide Garzón es irrelevante: cualquier magistrado que se ocupara de la instrucción del sumario tendría que proceder de forma muy similar.

La reacción tan desproporcionadamente histérica que ha protagonizado el PP se debe, a mi entender, a dos factores. El primero es la creciente inseguridad de Rajoy y Cospedal para hacer frente a una crisis interna que se eterniza, entre otras cosas, por su falta de autoridad: si han sido incapaces de imponerse a Aguirre en el escándalo del espionaje en Madrid, ¿cómo van a poder lidiar con una trama corrupta que amenaza con poner en cuestión aspectos de la trayectoria de dos de las vacas más sagradas del partido, Aznar y Cascos?. De aquí se deriva el segundo. El PP ve desmontado uno de los argumentos propagandísticos que más profusamente ha utilizado contra el PSOE: la autoproclamación de gestor honesto del dinero público frente a la corrupción en la época de Felipe González. Si se confirman los temores expresados por Ana Botella cuando acudió llorosa a la dirección del partido para pedir protección para su familia y amigos, esa estrategia saltará por los aires, y Rajoy se vería obligado a ejecutar una serie de medidas traumáticas para depurar de las posibles responsabilidades políticas derivadas. Pero ya está demostrado que Rajoy y su equipo están muy mal dotados para las operaciones de limpieza, por lo que se haría necesario un replanteamiento general de su liderazgo para que sean otros quienes saquen del pozo al partido y reconstruyan la oposición sólida, coherente e inteligente que España necesita en estos tiempos de profunda crisis.

Y eso que, a pesar de todo, la situación conlleva ciertas ventajas para Rajoy que podría aprovechar si supiera jugar bien sus cartas. El escándalo golpea de nuevo, y ahora con mayor contundencia, a una Esperanza Aguirre cada vez más quemada desde la vergonzosa pantomima de la comisión de investigación del parlamento madrileño sobre los casos de espionaje político. El valenciano Francisco Camps, que proclama su adhesión a Rajoy pero que actúa a su libre albedrío cuando se trata de defender sus propios intereses (ninguneando a Cospedal en el asunto de la reforma del Estatuto de Castilla- La Mancha, p.e.), se ve envuelto también en la trama. Asimismo, el primer líder de la oposición podría aprovechar la coyuntura para sacudirse por fin la nefasta presión que sobre él ejercen Aznar y su círculo desde 2004. Pero nada de lo que ha hecho Rajoy desde su reelección permite abrigar esperanzas en este sentido.