Según informó el Ayuntamiento en nota de prensa, el funcionario fue a declarar acompañado del concejal de Economía y Hacienda, Miguel Ángel Rodríguez, y del abogado al que el Ayuntamiento ha encargado su defensa jurídica, Cipriano Arteche.

El Consistorio destacó que, una vez que el Tesorero municipal, órgano competente del Ayuntamiento, decretó la providencia de apremio, la única opción que tenía el funcionario demandado era iniciar el procedimiento de embargo de cuentas, ante la resistencia de la Tesorería al pago.

“Contra toda lógica, la Tesorería General de la Seguridad Social, en vez de pagar, interpuso una querella criminal contra el funcionario queriendo matar al mensajero”, añadió Rodríguez.

Para el concejal, se trata de una medida con “claros tintes políticos” decretada por el Gobierno de Zapatero, “con la complicidad de los socialistas de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha”, que pretende “asfixiar financieramente” al Ayuntamiento así como “coaccionarlo” para que no ejerza su legítima pretensión al cobro de la deuda.