Las duras acusaciones de los dirigentes del PP asegurando que la región se encuentra en “bancarrota”, alertando de la dificultad que existirá en los próximos meses para hacer frente al pago de las nóminas de los funcionarios y dejando entrever la posibilidad de que se estén sacando documentos comprometedores de las sedes de la Administración regional, han encontrado como respuesta la suspensión por parte del equipo de Gobierno saliente de las reuniones para preparar el traspaso de poderes.

El espectáculo que está ofreciendo Castilla-La Mancha en esta cuestión –ha sido portada de periódicos nacionales y noticiarios de radio y televisión durante estos días– va mucho más allá de la gresca política. Primero, porque la sensación de falta de transparencia en la gestión pública que está calando en la ciudadanía no beneficia a nadie. Pero además, los mercados han centrado desde hace tiempo sus miradas en las cuentas autonómicas y esta situación no contribuye en nada a su estabilidad y a la percepción de nuestra maltrecha economía. No menos importante es la necesidad de realizar un cambio político ágil y transparente, habida cuenta de que muchos servicios básicos y un gran número de proveedores dependen de la gestión que realicen los dirigentes regionales.

Por todo ello, sin dar ni quitar razones, los políticos, tanto los entrantes como los salientes, deben contribuir, sin zancadillas, a que la administración de los intereses públicos retome la normalidad a la mayor brevedad posible.