MARCELINO ZORNOZA Y ÁGEL LEÓN MUÑOZ

Este modelo social está basado en un estado del bienestar mínimo y un sistema económico que se sirve de las capas sociales más modestas para conseguir más beneficio económico para las capas superiores.

La crisis empezó siendo financiera y en vez de modificar los mecanismos del sistema financiero se opta por modificarlo todo y acometer una reforma financiera  de “maquillaje”.   El mercado laboral como parte del engranaje económico de un país no podía quedar exento de estos cambios. Abusando del miedo generalizado y la necesidad que tiene el país de creación de empleo nos “venden” que estas reformas crearán empleo al hacer más atractivo y flexible el mercado laboral. Según sus tesis si se facilita el despido  habrá más contrataciones; esto es falso porque el empleo depende de la carga de trabajo de las empresas y del crecimiento económico, algo que no es generado por la normativa laboral.  El empresario contrata o despide según la carga de trabajo que tiene que afrontar, no porque sea más barato o caro despedir. El ejemplo de desregulación laboral de EEUU nos dice que menos regulación laboral  no es sinónimo de más empleo. Las altas tasas de paro y precariedad en ese país se dan con despido libre y gratuito y poder total del empresario.

El espíritu general de la reforma, la creación de empleo, nada tiene que ver con las decisiones concretas que se adoptan. 

La reforma abarata el despido improcedente. Un despido que nada tiene que ver con la crisis, ya que es un despido a capricho del empresario. Si por la crisis hay que despedir se hará con despidos objetivos procedentes (20 días/año),  no por improcedentes. Aquí está la primera “estafa” de esta reforma; la rebaja generalizada de 45 días por año (máximo 42 mensualidades) a 33 días (máximo 24 mensualidades). Esta rebaja afecta a todos los contratos nuevos y viejos. Además de abaratar el despido improcedente facilita el despido objetivo ya que establece aún más facilidades para realizar estos despidos. Al hablar de bajada de facturación o ventas, el gobierno autoriza a la práctica totalidad de las empresas a realizar estos despidos.

Al facilitar tanto el despido objetivo (20 días por año) la rebaja del improcedente queda como anécdota ya que todos los empresarios utilizarán la vía del objetivo para despedir. La senda de facilitar el despido objetivo la emprendió el PSOE en su reforma  del verano de 2010 y a la vista de los datos de paro desde esas fechas no ha servido para generar empleo sino todo lo contrario.

 El abaratamiento del despido no sólo se refleja  una rebaja  de la cuantía indemnizatoria al final de la relación laboral sino en algo aún más grave; a despido más barato, menos derechos laborales en el trabajo. Quién reclamará sus derechos si sabe que puede ser despedido con una indemnización mínima y además subvencionada por el Fogasa/Estado.

La reforma establece un nuevo contrato fijo de apoyo a emprendedores  con un año de prueba. Esto supone que durante el primer  año el despido es gratuito y  sin causa. No extrañaría que se empezaran a realizar estos contratos y a despedirse  sistemáticamente a los once meses y medio.  Generalizar  un año de prueba sin condicionarlo a la titulación académica o a la categoría profesional es un disparate.  En un trabajo de baja cualificación para qué un año de prueba. Solo tiene una explicación,  precarizar aun más  el trabajo, y abaratar a cero del despido.

La reforma ahonda en el poder empresarial para modificar las condiciones de trabajo sin negociación y con pocos controles para asegurar la necesidad objetiva de los propios cambios. Algo que vuelve a profundizar en la precarización del trabajo. Potenciar el poder empresarial en demasiadas ocasiones acaba con unas relaciones laborales tiránicas y sin derechos. Sobre todo en las Pymes.

A nivel colectivo establece la eliminación de la autorización administrativa previa para realizar extinciones o modificaciones colectivas. Esto en la práctica significa el fomento del fraude y la instauración de que ningún ERE se negocie por encima de los 20 días.  Fraude; porque la eliminación de la autorización administrativa elimina el control de la legalidad y los 20 días por sistema porque la negociación de EREs será nula al saber que la firma contraria de los trabajadores no tendrán ningún efecto a corto plazo. Y nos condenará a judicializar las relaciones laborales y los conflictos, algo que según la reforma se pretende reducir. Se judicializarán más EREs y esto unido a nuestro lento sistema judicial eternizará los conflictos. En un país como el nuestro donde la economía del país “sumergida” o “no declarada” representa  alrededor del 20 % del PIB  eliminar controles administrativos es una vergüenza.

De los pocos puntos positivos importantes que hay están la reposición (máximo 180 días) de las prestaciones gastadas en ERE  si acaban en despido objetivo y la limitación a 24 meses de la contratación temporal. No sabemos cuándo crearemos empleo y a buen seguro cuando esto ocurra intentarán vendernos que es por estas reformas; será la ultima estafa.  
En conclusión una reforma laboral que reparte la carga de la crisis desigualmente a favor de los empresarios y que no servirá para crear empleo como ha reconocido implícitamente Rajoy, al decir que en 2012 crecerá aún más el paro.

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